En Imbabura, al norte del Ecuador, la capacidad de la Fiscalía para atender la demanda de justicia está por debajo de lo que requiere la provincia, donde con 27 agentes fiscales activos, el sistema necesitaría al menos ocho más para responder de forma adecuada a la carga de casos.
En un año, con ese número de fiscales, en Imbabura se atendieron más de 8.400 denuncias penales, una carga que pone en evidencia la capacidad operativa del sistema frente a la demanda de justicia en la provincia.
Esto se muestra en el informe institucional presentado en abril de 2026, pero con balance del 2025, donde además se advierte que, para alcanzar ese estándar, la Judicatura debería incorporar fiscales adicionales, ya que, actualmente, cada agente fiscal tiene que asumir, en promedio, más de 300 casos anuales, sin contar otras diligencias, audiencias y procesos en curso.
Sin embargo, a pesar de esa brecha y de que desde la institución se resalta que su trabajo a veces debe duplicarse en funciones, afirman que se busca cumplir a cabalidad con el servicio a la ciudadanía.
“La atención al interés público y a los derechos de las víctimas ha sido cumplido a cabalidad, gracias al compromiso y vocación de servicio de nuestros funcionarios en cada uno de los servicios que día a día entregamos a la ciudadanía de nuestra provincia, primando siempre una atención de valores, ética, moral y transparencia”, se asegura en el informe de gestión Nro. FGE-CGP-FPI-25-0003
Estructura limitada
El funcionamiento de la Fiscalía en Imbabura también se sostiene con una estructura limitada frente a la cantidad de casos, más allá de la falta de funcionarios, según se reconoce en el mismo reporte.
En total, en la provincia se cuenta con 114 servidores, de los cuales 87 son misionales y 27 de apoyo. Dentro del personal operativo hay 27 fiscales, cada uno con equipos mínimos conformados por un asistente y un secretario, aunque en ciertos casos un solo agente debe asumir dos despachos, por “necesidades institucionales”.
Según los datos oficiales, en Imbabura hay 5,17 fiscales por cada 100.000 habitantes, una tasa que, de acuerdo con la propia institución, no alcanza para cubrir la demanda existente.
“Esto quiere decir que, para cumplir de forma fehaciente con su misión, la Fiscalía Provincial necesitaría contar con ocho agentes fiscales adicionales a los existentes, y para llegar a este número, el Consejo de la Judicatura, debería dotar de 15 agentes fiscales”, expusieron, al tiempo de reconocer directamente la necesidad de ampliar su capacidad operativa.
Pero el funcionamiento también enfrenta limitaciones de bienes. En Imbabura, solo el 37,5% de la infraestructura es propia de la Fiscalía, mientras otro 37,5% es arrendada y el 25% corresponde a comodatos.
En cuanto a movilidad, expusieron que de los ocho vehículos disponibles, apenas la mitad están operativos. “Se cuenta con un parque automotor de ocho vehículos y una motocicleta, de los cuales a la fecha únicamente existen cuatro vehículos operativos y en buen estado, pero sin mantenimiento, y cuatro vehículos se encuentran deteriorados y por dar de baja”.
Más casos en Ibarra que en otros cantones
Ibarra es la ciudad que concentra la mayoría de denuncias dentro de la dinámica delictiva de la provincia, con 5.581 denuncias en un año, seguida por Otavalo (1.398), Antonio Ante (695), Cotacachi (383), Urcuquí (209) y Pimampiro (212).
Dentro de estos seis cantones, la Fiscalía opera con siete puntos, donde constan unidades multicompetentes y especializadas, además de un equipo de atención integral que articula trabajo legal, psicológico y social.
“Nuestra institución, en la provincia de Imbabura, atiende a la ciudadanía a través de siete puntos de atención. De estas, 10 son multicompetentes, es decir, procesan delitos de todo tipo, mientras 17 son especializadas en temas como: patrimonio ciudadano, personas y garantías, administración pública, violencia de género, adolescentes infractores, fe pública o accidentes de tránsito”, refirieron.
Dentro de ello, se reconoce que “su capacidad operativa no ha cubierto las demandadas requeridas en los planes de desarrollo gubernamental, en torno al número de fiscales necesarios para satisfacer la pretensión ciudadana”, pero enfatizan que desempeñan sus labores con el estricto cumplimiento de su misión y visión.
Este escenario se presenta en una provincia donde la carga de casos sigue siendo alta, a pesar de que disminuyeron en relación a los últimos dos años anteriores, como lo expuso LA HORA.
El robo, por ejemplo, sigue siendo el más denunciado, con 1.998 casos en el año, lo que equivale a más de cinco denuncias diarias por este tipo de delito que recibe la Fiscalía en la provincia.
A esto se suma que, aunque en general disminuyeron las denuncias por violencia contra la mujer y el núcleo familiar en Imbabura, las denuncias por femicidios pasaron de cuatro en 2024 a 22 en 2025, lo que incrementa la complejidad de los casos que deben asumir los fiscales. Lahora.com.ec
