El excandidato presidencial y dirigente de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, fue vinculado al caso Ligados, ayer 4 de junio de 2025, junto a la exasambleísta, Esther Cuesta, y el exsuperintendente de Bancos, Raúl González.
Los tres serán investigados por presunta asociación ilícita, en el mismo proceso que los exconsejeros de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la actual vocal Nicole Bonifaz.
Arauz ha calificado al caso como risible e insiste en que no existe ninguna prueba que lo vincule. Además, afirma que: “Acusan a los dirigentes políticos de ser políticos”, y que la investigación responde a una intención de persecución política.
Incluso, consiguió el respaldo de juristas internacionales, avalados por el Grupo de Puebla, que rechazan la restricción de su libertad y movilidad.
Sin embargo, en los chats que reveló la Fiscalía General del Estado, del celular de Augusto Verduga, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), también procesado en el caso Ligados, se muestra la operación política, en la que presuntamente participó Arauz, para la designación del Superintendente de Bancos, Raúl González; y también la injerencia en instituciones como el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electora, la Asamblea Nacional y el mismo Cpccs. ¿Esa actuación implica un delito?
¿Qué hizo Andrés Arauz?
En los chats difundidos por la Fiscalía General del Estado, los interlocutores utilizaban sobrenombres, por ejemplo: Verduga era Mónica Ertl; Saltos era Minerva; se referían a Luisa González como Rana René; y se deduce que Andrés Arauz era AN o AA.
Sin embargo, uno de los argumentos de la defensa del excandidato es que no hay ningún elemento que demuestre que efectivamente es él quien aparece en las conversaciones.
De todas maneras, los chats muestran las gestiones que hizo AN para influir en la designación del Superintendente de Bancos, concurso que debería ser transparente y lejano de los intereses de las organizaciones políticas. La gestión de AA incluyó: cabildear votos en el Cpccs, buscar el control del TCE y pedir cargos públicos a cambio de la designación de González.
En enero de 2025, la Liga Azul, integrada por los vocales afines al correísmo, intentó ratificar la designación de Raúl González, a partir de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, de diciembre de 2024, en el que echó abajo la acción de protección que impidió su designación, aunque los magistrados aclararon que la sentencia no incidía en el proceso actual.
El plan incluyó garantizar que estén todos los consejeros en el Pleno, para que existan los votos suficientes. Por ejemplo, a AN le preocupaba que Nicole Bonifaz no se presente, porque la consejera estaba fuera de la ciudad.
En otro momento, cuando necesitaba la presencia de González, el interlocutor, identificado como AN, se mostró interesado en comprar un pasaje para que regrese desde el extranjero.
La incidencia de AN en el concurso fue en varios momentos, cuando el Cpccs iba a recibir a los aspirantes a Superintendente de Bancos, Augusto Verduga le pedía “preguntas agudas” para formular a los participantes.
Esas actuaciones están al margen de la ética, pero no necesariamente representarían un delito. Sin embargo, hay otros elementos que sí podrían implicarlo en un delito.
Por ejemplo, AN pidió cuatro cargos clave en la Superintendencia de Bancos. “De los 50 cargos de libre remoción necesitamos 4”, se lee en los chats. Esos cargos son:
Dirección de Trámites Legales de la Intendencia Jurídica
Dirección de Infraestructura y Operaciones de la Coordinación de TICs
Dirección de Estudios y Gestión de la Información
Subdirección de Riesgos de Lavado de Activos
Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, esa conversación podría denotar tráfico de influencias.
AN también intervino en la Asamblea Nacional para retrasar la posesión de Roberto Romero von Buchwald, escogido como superintendente de Bancos.
Además, la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura también era parte de la agenda de AA. La terna que presentó la Asamblea Nacional, en ese entonces, tenía el visto bueno de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, además que buscaban perfiles fieles al correísmo.
El Tribunal Contencioso Electoral también fue otro espacio de reparto Según un reportaje de Televistazo, de abril de 2025, Arauz fue parte del grupo encargado de cooptar jueces del TCE para salvar a la Liga Azul de la destitución.
Sgún la abogada penalista Paola Yajamín, “la Fiscalía considera tener elementos de convicción suficientes para creer que él ocupa un rol clave dentro de esta estructura organizada, y según lo que la Fiscalía ha mencionado, AA era quien daba las órdenes a los distintos poderes del Estado, e intervenía incluso en los procesos de selección de autoridades de control”, al comprobar eso se podría concluir que sí hubo asociación ilícita.
Noticia tomada de Ecuavisa.com
