La provincia de Imbabura vive momentos de conmoción e indignación tras el reporte de dos femicidios ocurridos en los cantones Ibarra y Cotacachi, descubiertos durante un mismo día.
Ambos crímenes se caracterizaron por una extrema violencia y signos de tortura en las víctimas, lo que ha desatado una ola de reacciones desde instituciones estatales, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, el 3 de junio de 2025. A través de un comunicado expresó su rechazo a los hechos, señalando que “estos actos atentan contra el derecho fundamental a una vida libre de violencias y exigen una respuesta contundente del Estado y de toda la sociedad”.
La cartera de Estado informó que activó de manera inmediata su protocolo de atención, el cual contempla acompañamiento psicosocial, asesoría legal gratuita, patrocinio jurídico y la coordinación interinstitucional para el acceso a medidas de protección y servicios integrales para las familias de las víctimas.
“Con profundo pesar y firmeza, rechazamos los actos de violencia cometidos contra dos mujeres en Imbabura. Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, la reparación integral y la no repetición”, puntualizó la institución, recalcando que la violencia contra las mujeres nunca es culpa de quienes la sufren.
Reacciones de organismos locales
Desde Cotacachi, uno de los cantones donde se registró uno de los crímenes, varias organizaciones sociales alzaron su voz. La Coordinación Cantonal de Mujeres y la Asamblea de Unidad Cantonal condenaron los hechos, enfatizando que este femicidio no es un caso aislado, sino la expresión más brutal de un sistema de violencia estructural contra las mujeres.
“El Estado ecuatoriano es responsable por la falta de políticas efectivas de prevención”, señalaron. En su declaración conjunta, exigieron a la Fiscalía una investigación exhaustiva, así como recursos suficientes para agilizar estos procesos judiciales al Consejo de la Judicatura.
Además, reclamaron un fortalecimiento urgente de los mecanismos de atención y prevención de violencia de género a nivel local. “Como organizaciones comprometidas con los derechos de las mujeres, acompañamos a las familias en su búsqueda de justicia y redoblaremos esfuerzos en prevención desde los territorios”.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cotacachi también manifestó su consternación, instando a las autoridades judiciales y policiales a actuar con celeridad y enfoque de derechos. En su pronunciamiento señalaron que estos casos “representan una herida profunda en la conciencia colectiva del cantón” y remarcaron que “la violencia de género no distingue edad, condición social ni territorio”.
“El crimen no es el inicio la de violencia contra las mujeres, comienza con el silencio, la indiferencia y la impunidad”, subrayaron.
Estos últimos hechos han reactivado el debate sobre la ineficacia de los mecanismos de prevención y la falta de políticas públicas con enfoque de género en la provincia. Diversos colectivos insisten en que los femicidios son prevenibles y que la falta de acción institucional permite que la violencia escale hasta sus expresiones más extremas.
A escala nacional, señalan que una mujer o niña es asesinada cada 21 horas en Ecuador, según datos de organizaciones sociales, lo que refleja una realidad alarmante.
Cruento caso de desmembramiento
Dentro de los recientes femicidios ocurridos en Imbabura, hay una persona detenida, involucrada en el caso sucedido en Ibarra.
El 2 de junio de 2025 fue detenido Robinson Alberto M., por su presunta participación en el asesinato de Liliana J., de 24 años, quien fue reportada como desaparecida pocos días antes.
Según la Fiscalía, la víctima –quien era trabajadora sexual– fue contactada por el detenido. Su pareja la trasladó hasta el centro de la ciudad y ella acudió al domicilio de Robinson Alberto M., ubicado en el sector El Vergel.
Afirman que durante todo ese tiempo mantuvo comunicación con su conviviente, pero pasaron las horas y ella ya no le respondió. Al día siguiente, él puso una denuncia en la Fiscalía por desaparición.
“Fiscalía y Dinased iniciaron la búsqueda, hasta que este 1 de junio, un ciudadano encontró la pierna derecha de la mujer en un botadero de basura. La extremidad fue reconocida por su madre y su pareja”, comentó la Fiscalía.
Luego de practicar varias diligencias, al siguiente día las autoridades allanaron el domicilio de Robinson Alberto M., quien tenía en su ropa máculas de color marrón. Al proceder con la revisión del lugar, también encontraron fluidos, por lo que fue aprehendido.
Mientras el sujeto era trasladado en un patrullero, le habría revelado a un policía que botó la otra pierna en el río Tahuando, donde la encontraron.
Según la Fiscalía, los informes de la médico legista determinan que los desmembramientos fueron efectuados post mortem.
Asesinada con violencia en el patio de su casa
En el caso del femicidio ocurrido en Cotacachi, el 2 de junio de 2025, todavía no existen personas detenidas. Habría ocurrido dentro de una vivienda en el centro de la ciudad, donde una mujer fue encontrada sin vida en su patio, con signos de extrema violencia.
Según informes preliminares, la víctima se encontraba atada, con una soga alrededor del cuello, una funda plástica en la cabeza y agresiones en las zonas íntimas.
La identidad y edad de la víctima aún no ha sido revelada por las autoridades, quienes afirman que se están llevando a cabo las diligencias respectivas para dar con el responsable y conocer las causas de este macabro hecho. nOTICIA TOMADA DE LAHORA.COM.EC
